CTERA HARÁ UNA PRESENTACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN.
En la provincia de Chubut, en un contexto que venía desarrollándose desde el año 2018, con las movilizaciones más grandes y contundentes de los últimos 25 años, ante una delicada situación económica, endeudamiento y ajuste, donde lxs Trabajadorxs en unidad ganaron las calles en defensa de los derechos, se va profundizando una crisis, que continuó en el 2019.
El 17 deseptiembre de ese año, luego de una marcha provincial multisectorial, debía realizarse una interpelación al ministro Massoni, por una zona liberada en ruta 3y26 donde fueron agredidos docentes que reclamaban respuestas.
Al suspenderse la interpelación, una asamblea de delegados docentes define un acampe pacífico afuera de la legislatura exigiendo respuestas.
Durante ese día y con atrasos salariales de 2 y 3 meses se conoce la entrada de un proyecto de aumento salarial para funcionarios del gobierno.
En horas de la tarde llegan las noticias del fallecimiento de Jorgelina y María Cristina, dos docentes que retornaban a su ciudad luego de participar en el plenario docente.
Esta manifestación pacífica se tornó en dolor e indignación colectiva que terminó con incidentes en la legislatura y casa de gobierno, y de las cuales son acusados nuestrxs compañerxs, como incitadores y responsables.
ESPIONAJE ILEGAL EN CHUBUT
Durante el cuarto día del juicio contra representantes sindicales, por incendio a Legislatura y Casa de gobierno, se vivió una de las declaraciones más escandalosas que demuestran el accionar ilegal de la policía de Chubut.
En la audiencia de juicio contra Goodman, Ancaleo y Castro, las declaraciones de Michael Barrera, Sub inspector del Área Investigaciones, se presenta a testificar, luego de haber presentado ante la Fiscalía un informe de investigación, y material de video realizado por él mismo, el día 17 de septiembre de 2019, vestido de civil y en un auto (según sus propios términos) “no identificable”.
El testimonio comenzó con el relato de cómo él y varios de sus compañeros, fueron enviados por el jefe del área, a realizar la tarea de registro fílmico de las personas que se manifestaban ese día, desde aproximadamente las 18 hs, y continuó con la descripción de los sucesos que además de filmar, observó personalmente.
Inmediatamente luego de su testimonio, el equipo de defensores de los acusados, el Dr. Miranda, la Dra. Fossati, y el Dr. Moyano, solicitaron a la Jueza Tolomei dictamine la NULIDAD del informe, y plantearon INCIDENCIA. La Jueza hizo lugar al pedido de la defensa, y la resolución de Tolomei fue dar una especie de nulidad parcial a dicho informe, permitiendo que solo sea introducido en el testimonio y la prueba, lo recabado por Barrera solo y únicamente al momento de producirse los incidentes en Legislatura y Casa de Gobierno. Y explicó extensa y claramente los fundamentos de su decisión, los cuales fueron:
-En primer lugar, que la filmación, fotografía y seguimiento de personas durante una protesta social o manifestación pacífica, constituye una VIOLACIÓN A LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS HABITANTES DE LA NACIÓN Y VIOLACIÓN AL DERECHO DE RESERVA DE LAS PERSONAS.
-En segunda instancia, que según la Constitución Nacional, estas prácticas solo se pueden llevar adelante por decisión de un Juez de primera instancia, al previo requerimiento de dicho acto, dispuesto por un Fiscal.
-También hizo mención a la ley de inteligencia, 25.520, en su art 4to, donde figuran las prohibiciones de estas prácticas de espionaje, y reprime con prisión de tres meses a un año, e inhabilitación especial por doble del tiempo de condena al funcionario que incurriera en este delito.
Por último, aclara que la nulidad no es total ya que la declaración que se expone en el juicio, es el testimonio de validez, y que solo se autoriza el material obtenido por esa área, en el caso del delito en flagrancia, entendiendo que esta constituye una tarea de prevención del delito.
Toda esta situación reafirma lo que venimos denunciando: Espionaje, que se produce en todas las manifestaciones, con personal policial sin identificar y en carácter de infiltrados. Y que este tipo de prácticas, luego son utilizadas con la finalidad del ARMADO DE CAUSAS CONTRA MANIFESTANTES, REPRESENTANTES SINDICALES, Y ASAMBLEAS AMBIENTALES.
Por otro lado cabe destacar, que el Sub Inspector Michael Barrera, dijo que ESTAS PRÁCTICAS ( de espionaje y registro) SE CONTINÚAN REALIZANDO EN ESTOS DÍAS EN EL ACTUAL CONFLICTO DE TRABAJADORES DE PESCA, QUE SE ESTÁ LLEVANDO ADELANTE EN LA FÁBRICA FYRSA.
En su testimonio Miguel Angelo Burgos, que también pertenece a investigaciones, declaró que su tarea era la de identificación de personas, en todo el material de registro recolectado por los demás empleados del área, y reconoció, HABER IDENTIFICADO MÁS PERSONAS, Y OTRO VEHÍCULO TRAYENDO CUBIERTAS AL LUGAR (contradiciendo a Barrera quien negó esta identificación), TAMBIÉN RECONOCEN A QUIEN INICIA EL FUEGO, PERO QUE LUEGO VEN MÁS PERSONAS CON SIMILAR VESTIMENTA Y ENTONCES SE DESCARTAN.
Es decir, que las demás personas identificadas, que eran varias, no están siendo juzgadas en este juicio y por el contrario si están direccionadas a representantes sindicales sin pruebas contundentes para tamaña acusación.
Así la audiencia del cuarto día de este juicio evidencia lo que ya hemos denunciado en varias oportunidades, PERSECUCIÓN, CRIMINALIZACIÓN, CAUSAS ARMADAS Y ESPIONAJE ILEGAL A MANIFESTANTES Y TRABAJADORES SINDICALISTAS EN LA PROVINCIA DE CHUBUT.
Ante esta situación de persecución, criminalización y judicialización de la protesta social, CTERA hará una presentación ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Buenos Aires, viernes 29 de julio 2022
Sonia Alesso
Secretaria General
Rogelio De Leonardi
Secretario de Derechos Humanos
Prensa AMSAFE La Capital
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