Estamos asistiendo a una serie de cambios en la “estructura” del Ministerio de Educación y Deportes que no hacen más que graficar los sentidos, significados y fundamentos ideológicos que la restauración conservadora intenta imponer en el campo educativo, en correspondencia con la superestructura neoliberal que asume, sostiene y defiende la alianza gobernante de “Cambiemos”.
El cambio de estructura ministerial se complementa con las acciones que este gobierno lleva adelante para intentar desactivar la Paritaria Nacional Docente, con la clara intención de debilitar la resistencia organizada de los trabajadores de la educación y trasladar los conflictos a las provincias, en el marco de las políticas de profundización de los niveles de desigualdad e injustica social y educativa.
Recordemos que este gobierno, que prometía “no vas a perder nada de lo que tenés”, inauguró su gestión diciendo que venían a “construir sobre lo ya hecho”, tratando de “tranquilizar” a sus flamantes votantes que, a pocas horas de la asunción de Mauricio Macri, ya veían peligrar la mayoría de las conquistas sociales de los últimos diez años. “Construir sobre lo ya hecho”, parece ser una frase “razonable”, si es que con ella no se pretende hacer lo que hicieron, por ejemplo, los conquistadores españoles con los monumentos aztecas; es decir, edificar iglesias católicas sobre las construcciones de los pueblos originarios para taparlos y no dejar vestigios visibles de ellos.
Este último sentido parecen tener las políticas educativas del macrismo, ya que consideran a la estructura del sistema educativo “heredada” no como una base a mejorar, sino como una construcción a destruir y sepultar.
Tal como lo expresa en su nota Silvia Storino, “Ninguna estructura es neutra y todas obedecen a un conjunto de decisiones que, en su conjunto son un resultado no siempre nítido de tradiciones de pensamiento, argumentaciones políticas, intereses de grupos, campos de interés, recursos disponibles, imaginarios, mandatos, etc.”
Por ende, la “eliminación de un plumazo de las principales direcciones del Ministerio de Educación y Deportes que llevaban adelante políticas y programas para el conjunto del sistema educativo” (Sandra Carli), no son un simple cambio administrativo, sino que representan una decisión política en el marco de una tensión histórica que significa, entre otras cosas, pensar un ministerio nacional limitado a “funciones” o un ministerio nacional estructurado de acuerdo a los niveles y modalidades del sistema educativo; implica definirse entre una perspectiva de pseudofederalización, como la que impulsa este gobierno, o poner énfasis en la revalorización de “lo nacional” tal como se había venido sosteniendo desde la aprobación de la Ley de Educación Nacional.
La LEN 26.206, “hoy vigente”, había restablecido la principalidad del Estado, dando garantía de “derecho social” a la educación. En ello, habilitaba también la posibilidad de pensar lo común, lo público y las ideas de Nación, inclusión, igualdad, calidad y justicia socioeducativa. Seguramente por todo esto –que, reconozcamos, estaba a mitad de camino para su efectiva concreción-, la ley actual es blanco de todos los ataques de las políticas de ajuste de este gobierno. Es por ello que, entre otras cosas, se realiza este cambio en la estructura ministerial, que tiene como consecuencia lo que Manuel Jerónimo Becerra (1) de manera muy esclarecedora grafica en su artículo de opinión, diciendo que la reestructuración que implica la desarticulación de la Dirección Nacional de Gestión Educativa, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Políticas Socioeducativas, (que estaba a cargo del ex CEO de la tabacalera Philip Morris) deriva en:
-Desaparición de las Direcciones de nivel (inicial, primaria, secundaria, jóvenes y adultos), que articulaban sus programas con las direcciones de nivel de las provincias.
-Desaparición de las Coordinaciones de modalidades (rural, artística, especial, en contextos de encierro, domiciliaria y hospitalaria, intercultural bilingüe) y programas como Educación Sexual Integral.
-Desaparición de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas tal como estaba estructurada. Ésta agrupaba programas nacionales de inclusión educativa por fuera de los niveles/modalidades, como Orquestas y Coros, CAI y CAJ (centros de actividades infantiles/juveniles), Ajedrez educativo, becas para alumnos de pueblos originarios y judicializados, entre muchos etcéteras, claves para la inclusión educativa en todo el país.
-El pase de la planta de esas dependencias –que son personal permanente o transitorio con sus contratos recién firmados– a diferentes agencias ministeriales, sujeto a negociación agente por agente.”
Las consecuencias e implicancias más directas de la nueva estructura ministerial, como mínimo, serán dejar librada a las provincias la decisión de implementar los diversos programas socioeducativos de acuerdo a las posibilidades y condiciones de cada una. Desaparecerán las políticas orientadas por niveles y modalidades y los planes nacionales de matemática y escritura, Conectar Igualdad, Educación Sexual Integral, Formación Permanente y en Ejercicio, Orquestas y Coros, CAI, CAJ, por nombrar sólo algunos, quedarán supeditados a decisiones provinciales y tendrán un desarrollo desigual y fragmentado a nivel nacional.
“Todo se vuelve más transitorio, menos planificado, más urgente, más corriendo detrás del minué politiquero de turno. La función pedagógica del Ministerio de Educación de la Nación ha muerto.” (Becerra)
Por todo esto, desde CTERA presentamos nuestra denuncia frente a un nuevo intento de devastación de lo público y lo nacional que lleva adelante la alianza gobernante “cambiemos”. “Contar con direcciones de nivel y modalidades suponía respetar la interlocución de la gestión provincial y aceptar que, aún sin escuelas directamente gestionadas, todas las escuelas son del Ministerio Nacional y le cabe entonces responsabilidad en esa vida cotidiana”. (S. Storino)
Con esta devastación, lo que ahora queda, para este Ministerio Nacional, sólo son funciones, como en los años noventa, pero ahora a cargo de funcionarios con la más básica y rudimentaria formación pedagógica. Funciones a cargo de una Ceocracia que, en lugar de mejorar las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, seguramente hablará más de evaluación; una Ceocracia que enviará discrecionalmente fondos a las provincias que asuman el sometimiento al poder ejecutivo nacional como algo natural; una Ceocracia que despedirá trabajadores del Estado Nacional pero que indudablemente seguirá contratando, como lo hace hasta ahora, a un personal sin formación académica ni experiencia en el campo educativo, con la sola condición de pertenecer a su estructura partidaria.
Desde CTERA denunciamos esta política de un Estado gerencialista que aspira a la privatización total del sistema educativo, a la transferencia de recursos del Estado hacia las empresas que lucran con la educación, a la estandarización de los procesos de enseñanza y aprendizaje bajo el designio de las pruebas internacionales del rendimiento que imponen la OCDE y el BM, y que tiene como claro objetivo, la destrucción de la escuela pública.
Buenos Aires, martes 7 de febrero de 2017
Sonia Alesso - Sec. General CTERA
Miguel Duhalde - Sec. Educación CTERA
