Este viernes 20 de octubre se realizó en la ciudad de Santa Fe una movilización desde plaza del Soldado a plaza 25 de Mayo, convocada por Mesa Por la Educación Santa Fe.
Organizaciones, trabajadorxs de la educación, sindicatos, integrantes del Foro Contra la Impunidad y por la Justicia Santa Fe, movimientos estudiantiles y sociales volvieron a manifestarse en defensa de la Educación Pública bajo la consigna "Ni Vauchers, Ni Aranceles. No a la Mercantilización de la educación"
A continuación compartimos el documento leído durante la movilización, redactado en conjunto por Mesa Por la Educación Santa Fe:
La educación pública argentina:
Es la esencia de nuestro país,
Es una conquista de todo el pueblo argentino,
Es gratuita y obligatoria para todos y todas,
Es junto al trabajo la gran organizadora de la sociedad
Es una construcción que hoy nos toca defender.
Y no es un servicio ni una mercancía
Hemos avanzado en un alto nivel de obligatoriedad en el sistema educativo. Un sistema educativo caracterizado por la calidad en sus distintos niveles y modalidades. Destacamos el nivel universitario con los premios Nobel y los altos niveles académicos, y el formidable desarrollo de la investigación científico tecnológica y de la producción artística, como así también remarcamos el gran nivel de alfabetización que hay en la República Argentina.
La tradición pedagógica argentina implica una escuela de calidad que va más allá de las clases sociales, de las religiones, que garantiza calidad y el social derecho a la educación, en todos los rincones de nuestra querida patria.
El derecho a la educación implica el ingreso desde la sala de tres años de nivel inicial, llevando adelante los primeros procesos de socialización, la alfabetización en el nivel primario, la especialización y profundización de los estudios en el nivel secundario, la posibilidad de una carrera terciaria, universitaria, que, con el aporte del Estado Nacional, permite superar las desigualdades y garantizar un desarrollo social, económico y cultural.
El sistema universitario argentino al ser público, libre y gratuito es único en el mundo, nuestros científicos e investigadores son reconocidos a nivel internacional.
Cuando los candidatos de la derecha atacan la universidad pública, hablan de arancelar la educación superior, de cerrar universidades, están desconociendo el potencial de nuestros graduados, están desconociendo una de las mayores ventajas comparativas que tiene la Argentina frente a economías de países hermanos de la región, que explica la diversificación productiva y la capacidad de innovación de los sectores todas las cadenas productivas.
Cuando se animan a decir que el Conicet debería ser solo una oficina o directamente cerrarlo están desconociendo el potencial de nuestros científicos y científicas.
El Conicet se ubica en el primer puesto de las instituciones gubernamentales con mayor impacto social en la región latinoamericana, y en el puesto trece entre 1.747 instituciones gubernamentales de todo el mundo.
El camino tiene que ser implementar políticas públicas que garanticen la permanencia en las universidades, con mayor presupuesto para la ciencia y la técnica y orientar la producción de conocimiento para el desarrollo de una patria más justa, más libre y soberana.
Cuando la ex ministra de trabajo de la Alianza y Ministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich dice en su spot publicitario “los argentinos no tenemos nada”, y cuando en sintonía el candidato panelista, consultor de Eurnekian y actor de teatro de revista, Javier Milei, se refiere a la justicia social como “una aberración”, están preparando el terreno para destruir lo construido en más de 100 años de educación pública.
El juego mediático perverso de denostar el patrimonio nacional y los derechos sociales, fueron los precedentes de negociados de los gobiernos neoliberales con el capital privado (ferrocarriles, aerolíneas, YPF, entre otros) o para la eliminación de derechos sociales como sistema integral de jubilaciones y pensiones, o hasta la propia democracia.
En materia educativa los ajustes de los gobiernos de corte neoliberal de la dictadura, el menemdelarruismo y el macrismo, nos dejaron transferencia sin recursos de instituciones nacionales a las provincias, desinversión en infraestructura, limitación a la participación estudiantil y de las y los trabajadores, y frases nefastas tales como “aquel que puede ir a una privada y aquel que tiene que caer en la escuela pública”
Proponerse el ejercicio de la presidencia de la Nación debe basarse, como mínimo, en una formación sobre las exigencias institucionales para poder ejercer las atribuciones del gobierno.
En estas elecciones nos encontramos una candidata y un candidato de la derecha que alaban las opciones educativas elitistas y excluyentes, pero evidencia fuerte desconocimientos sobre las principales normas que debe respetar un gobierno. Las trabajadoras/es de la educación, las/os estudiantes formados en la educación pública les hacemos saber que, en materia de derechos sociales, en general, y en la educación en particular sólo se permiten cambios de mejoras. Eso se llama principio de progresividad y es una norma obligatoria, de máxima jerarquía para todas las autoridades argentinas según lo disponen el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Por las mencionadas disposiciones, están prohibidas las quitas de derechos, los retrocesos. Eso se llama prohibición de regresividad. En materia de educación, sepan candidata y candidato, no se puede dar ni un paso atrás, la obligación ineludible es siempre mejorar la educación pública, nunca destruirla.
El presupuesto del sistema educativo debe crecer armónicamente con las necesidades del Sistema Educativo. Se ha propuesto el crecimiento del presupuesto dedicado a la Educación, cuyos fondos deben ser intangibles, no pueden tener otro destino, cuyo incremento debería llegar del 6 al 8 por ciento del PBI, concurriendo en ese presupuesto el Estado nacional y las Provincias, para cubrir las necesidades de todo el Sistema Educativo, incluyendo a las Universidades Públicas nacionales.
Las provincias deben acompañar este crecimiento, dado que están a cargo de las mismas los niveles inicial, primario, secundario y terciario no universitario. El Estado nacional y las Provincias deben garantizar los derechos y condiciones de trabajo de todas las trabajadoras de todo el sistema educativo nacional.
Asimismo, es el presupuesto educativo el que contribuye a garantizar la reducción de brechas y la igualdad de oportunidades para que las, los, les estudiantes puedan acceder a las titulaciones en los distintos niveles.
Las propuestas de la derecha, muy por el contrario, sostienen la reducción generalizada de la inversión en políticas educativas nacionales: cerrar escuelas y universidades, bajar programas, reducir cargos, empobrecer salarios y por supuesto que estas medidas de ajuste, requieren de la estigmatización y persecución de la acción sindical. Porque el ajuste económico es consecuencia de la quita de derechos y para ello se requiere mano dura y represión. Tal como lo proponen Milei y Bullrich
Los anuncios de Milei y Bullrich en materia de políticas públicas de género y diversidades, constituyen una clara amenaza hacia los derechos conquistados a través de las luchas feministas y disidentes. Desde los anuncios del libertario de eliminar la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral en todos los niveles de enseñanza, hasta la pretensión de someter a plebiscito la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pasando por el rechazo a la Ley de Matrimonio Igualitario, la de Identidad de Género y la de Cupo Laboral Travesti-Trans (todas leyes votadas por el Congreso Nacional), llegó a enunciar - con su característica furia - la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad Sexual de la Nación. Tanto él como su compañera de fórmula y quienes integran esa fuerza política, exhiben un perfil retrógrado, con discursos cargados de misoginia y odio hacia las diversidades sexuales.
La candidata Bullrich anunció que, si accede a la presidencia, cerraría el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad Sexual y volvería al Consejo Nacional de Mujeres (que funcionó en el gobierno de Macri). Acerca de las personas LGBT+, la referenta de Juntos por el Cambio no menciona una sola propuesta de políticas públicas.
Ratificamos la importancia de continuidad de los Ministerios de Genero y Diversidades, así como de los programas específicos para abordar situaciones de violencia por razones de género, como el Acompañar, el Acercar Derechos, el Producir, entre otros, que ayudan a mujeres y disidencias a romper con los círculos de violencia y tener la posibilidad de una vida más autónoma.
Según lo prescribe la Ley de Educación Nacional 26.206, el Sistema Educativo Nacional es único, está a cargo del Estado nacional, de las Provincias y de los Municipios, no está sujeto a los vaivenes del mercado y es el Estado el que debe proveer su presupuesto, para hacer realidad el Derecho personal y social a la Educación.
La política educativa que se lleva a cabo en el Sistema Educativo Nacional es una, que se aplica en las escuelas estatales y en las privadas. Todas están autorizadas, supervisadas y controladas por el Estado nacional, provincial o municipal. La educación estatal debe ser gratuita y universal, para todas las habitantes del territorio nacional.
Hoy, a los candidatos de la derecha que nos proponen lo contrario, correr al Estado como garante de derecho, les decimos:
“NI VOUCHER NI ARANCEL.”
“APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO EDUCATIVO DEL 6 AL 8 % DEL PBI”.
El pueblo está en la calle exigiendo más derechos, más Escuela y Universidad Públicas, ¡SIEMPRE!
MESA POR LA EDUCACIÓN – SANTA FE
CGT, CTA A, CTA T, AMSAFE, SADOP, ADUL, APUL, APUC, ATE, FESTRAM, CIENCIA PROPIA, Foro Contra la Impunidad y por la Justicia, Nietes, Octógono, MUE, METAS, Actores, PCR, La Tosco, ALDE, MAREA Estudiantil, UMAI, Esc. Ps. Social E. Pichon-Rivière, siguen las firmas.
