La CTERA ha realizado un estudio pormenorizado del proyecto de Presupuesto Educativo presentado por el Gobierno Nacional y, como resultado del mismo, se ha elaborado el presente informe en el que se pone en evidencia el fuerte ajuste que representa este presupuesto en materia educativa. Ajuste que tiene una relación inversamente proporcional con el incremento que en el mismo presupuesto nacional se le asigna al pago de los servicios de la deuda externa.
En esta oportunidad, nuestra organización vuelve a presentar las críticas sobre las definiciones del presupuesto educativo, tal como lo hiciéramos el año anterior, cuando también se había realizado un ajuste en educación. Ajuste que no sólo se traduce en la reducción nominal del presupuesto propiamente dicho, sino también en el proceso de desfinanciamiento, desmantelamiento y subejecución que el gobierno actual viene sosteniendo y profundizando desde su asunción en el año 2015.
Los datos observados en nuestro estudio dan muestra fehaciente de una rebaja considerable en la ejecución de Presupuesto Educativo en 2017, como así también se observa el incumplimiento de la mayoría de las metas fijadas por este mismo gobierno.
El proyecto de presupuesto para el año entrante continúa la política de ajuste que viene sosteniendo el Ministerio de Educación de la Nación, afectando principalmente a los programas socioeducativos, a la formación docente, al plan conectar igualdad, la inversión edilicia para la construcción de jardines de infantes, entre otros. Un ajuste que ataca la educación de calidad que pregonan los funcionarios.
Por citar los datos más reveladores, tenemos, en primer lugar, que el pago de los servicios de la deuda externa se ha duplicado a partir del 2016, pasando de un 7,7% del gasto total en 2015 al 14,5% en 2016 y a un 11,1% sólo en el primer semestre del 2017. Asimismo, los Programas Socioeducativos se ven afectados en tanto se anuncia una reducción del 8% para las partidas que financian el Programa Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, lo que implica un ajuste real de – 23,5 %.
Para el año 2018 se elimina el Programa de Biblioteca del Maestro. En Formación Docente sólo se prevé un incremento del 3%, lo que implica una pérdida real de 14,1 %. Y queda claramente expresado que el ex Programa Conectar Igualdad (Ahora denominado Plan Nacional de Educación Digital) se reduce un 43% del presupuesto, lo que significa una pérdida real de – 52,5 %.
En el caso emblemático de la construcción de Jardines de Infantes, tan anunciada en campaña electoral y en plena gestión de este Gobierno, presenta un dato preocupante ya que se propone un incremento del 8,4%, es decir una pérdida real entre un año y otro del –9,8 %. Respecto de la ejecución hasta el día de la fecha se observa que de los 150 jardines de infantes prometidos para 2016 y los 450 para el 2017, no se han construido ninguno.
Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que en el presente presupuesto se excluye del articulado del Proyecto de Ley del artículo que establecía que el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente no pueden tener un Presupuesto inferior al del año anterior. Este artículo venía incluyéndose en todos las Leyes de Presupuestos de los últimos años y su exclusión resulta indicativa de la intención del Poder Ejecutivo de avanzar sobre estos fondos que comprometen el aporte nacional a los salarios docentes.
A esta reducción para los presupuestos anunciados para el 2018, hay que agregarle que también hay una subejecución observada en el primer semestre del 2017 y que se manifiesta en: menos beneficios para el Programa Progresar; virtual paralización de los Planes de Distribución de Libros de Texto, Lectura y Manuales, Colecciones literarias y Plan Nacional de Lectura; cierre de los Programas de Alfabetización de Adultos; menos subsidios a las escuelas en situación de vulnerabilidad; ostensible disminución en la cantidad de metros cuadrados de mejoramiento de la infraestructura escolar, y en la cantidad de escuelas construidas;reducción en cantidad de becas para estudiantes de formación docente, de grado y de posgrado, para carreras universitarias prioritarias y para alumnos universitarios de bajos recursos; desfinanciamiento de la Educación Técnica.
Desde CTERA denunciamos que todos estos procedimientos financieros y presupuestarios ponen en peligro el cumplimiento de la meta del 6 % del PBI destinado para educación que establecieron las leyes de Financiamiento Educativo (26.075) y de Educación Nacional –(Ley 26.206).
Buenos Aires, lunes 20 de octubre de 2017
Sonia Alesso - Secretaria General
Miguel Duhalde - Secretario de Educación
Marisol Marchionatti
Secrretaria de Prensa
AMSAFE La Capital